En un hecho que ha generado controversia, dos internos de un centro de rehabilitación en Quito fueron puestos en libertad luego de la audiencia de formulación de cargos por la muerte de su compañero, Estalin Morocho. Según el expediente al que tuvo acceso este medio, la Fiscalía no contaba con los elementos necesarios para señalarlos por el delito de asesinato.
El 24 de diciembre de 2025, los moradores de Alangasí alertaron al ECU 911 que los internos del centro de rehabilitación estaban huyendo del establecimiento. A la llegada de los agentes, les informaron que había un fallecido en el segundo piso. Al subir, encontraron el cuerpo sin vida de Morocho, quien presentaba varios golpes en todo el cuerpo. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un golpe con algún objeto contundente en el cráneo.
Los investigadores entrevistaron a los internos, quienes señalaron a dos de sus compañeros como los presuntos responsables. Según los testimonios, la noche anterior se habría desarrollado un evento por Navidad y Morocho se habría comportado de manera agresiva. Los encargados del centro lo habrían sometido y llevado al baño, donde lo ducharon con agua fría. Sin embargo, esto no lo habría calmado y, al parecer, lo habrían amarrado de pies y manos.
Durante la madrugada, uno de los internos escuchó los gritos de Morocho, pero no pudo hacer nada por temor a represalias. Como parte de las evidencias, se encontró una media blanca con manchas de sangre en la escena.
Cabe destacar que este centro de rehabilitación fue clausurado a inicios de este año por irregularidades en los permisos de funcionamiento, según informó personal del Municipio de Quito.
La experta en perfilación criminal, Ana Minga, explica que la proliferación de centros de rehabilitación clandestinos se debe a que el tratamiento de salud para sacar a una persona de las drogas es muy costoso. Además, señala que la mayoría de las personas que llegan a estos sitios no tienen una estructura familiar organizada y poseen perfiles con comportamientos disfuncionales, lo que los convierte en blancos fáciles de maltratos físicos y psicológicos.
Minga advierte que a esto se suma el perfil psicológico de quienes atienden a los internos, quienes ven a los adictos como personas desechables y no les brindan un tratamiento adecuado. Asimismo, en estos centros deben lidiar con exconvictos o personas involucradas en delitos, como en el caso de uno de los detenidos por el crimen de Morocho, quien tiene antecedentes penales por robo y tráfico de drogas.
La liberación de los internos acusados ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de justicia y la protección de los más vulnerables en estos centros de rehabilitación. Expertos en el tema coinciden en la urgente necesidad de regular y supervisar de manera estricta el funcionamiento de estas instituciones, a fin de evitar más tragedias como la ocurrida en Alangasí.
