El Gobierno de Colombia y los sindicatos se enfrentan en una disputa por el incremento del salario mínimo para el 2023. Mientras el presidente Gustavo Petro busca acercarlo al salario mínimo vital y móvil, los empresarios temen que un alza demasiado alta afecte la contratación y la inflación.
La Ley 278 de 1996 establece que cada año se debe concertar el aumento del salario mínimo, teniendo en cuenta la inflación y la productividad. Sin embargo, en las últimas semanas las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, los gremios y las centrales obreras no han logrado llegar a un acuerdo.
Los sindicatos han propuesto un incremento del 16%, mientras que los empresarios han ofrecido un 7,21%. Esta brecha considerable llevó al ministro Antonio Sanguino a intentar acercar posiciones mediante reuniones bilaterales, pero no fue posible encontrar un punto medio.
Ante la falta de consenso, la decisión final recae en el presidente Petro, quien deberá expedir un decreto entre el 29 y 30 de diciembre estableciendo el nuevo salario mínimo.
Petro ha dejado claro que buscará que el salario mínimo se acerque al concepto de "salario mínimo vital y móvil", el cual, según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debería ser de al menos $2.982.960 para un hogar de cuatro personas. Esto implicaría un incremento sustancial frente al actual salario mínimo de $1.000.000.
Los empresarios, por su parte, advierten que un aumento demasiado alto podría limitar la capacidad de contratación y obligarlos a subir los precios, alimentando la inflación. Por el contrario, los sindicatos sostienen que un mayor poder adquisitivo de los trabajadores impulsaría el consumo y la generación de empleo.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha planteado la necesidad de encontrar un "punto de equilibrio" entre estos dos enfoques, que permita resultados satisfactorios tanto para los trabajadores como para la economía en general.
