Durante más de 26 años como juez en República Dominicana, el autor de este texto ha sido testigo de primera mano de la corrupción y las prácticas cuestionables que imperan en el sistema judicial del país. En un contundente escrito, denuncia cómo la figura de la "extinción del proceso penal" se ha tergiversado para beneficiar a los imputados, en detrimento de la justicia.
La extinción del proceso penal es un mecanismo legal que establece un plazo máximo de cinco años para que se resuelva un caso, con una extensión de un año más si hay una condena. Sin embargo, el autor afirma que los jueces han encontrado formas de alargar indefinidamente este plazo, aduciendo "suspensiones, dilaciones indebidas y tácticas dilatorias" por parte de los imputados.
"Se ha hecho regla establecer que el ejercicio del derecho de defensa, el reclamo de la tutela judicial efectiva y la aplicación del debido proceso de ley son causas para no admitir la extinción", denuncia el juez pensionado. Esto, a pesar de que estos son derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana.
El autor lamenta que, en lugar de cumplir con los plazos legales establecidos, los jueces "hacen galimatías jurídicos en perjuicio de las personas", prolongando indefinidamente los procesos penales. Esto, según él, es una "denegación de justicia" que beneficia a los imputados y socava la credibilidad del sistema judicial.
Con su vasta experiencia en la judicatura, el autor se propone exponer estas "habas podridas" de la administración de justicia en República Dominicana, con el fin de generar un debate y promover reformas que restituyan la integridad y eficacia del sistema.
