A partir del 24 de diciembre, el Gobierno de Ecuador tomó la decisión de cerrar 8 de los 10 pasos fronterizos oficiales que tenía, manteniendo únicamente habilitados el Centro Nacional de Atención Fronteriza (Cenaf) de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Huaquillas, en la frontera con Perú.
Esta medida, adoptada bajo el argumento de garantizar la seguridad, ha generado diversas reacciones y cuestionamientos, principalmente de habitantes, autoridades y asambleístas de las poblaciones afectadas por el cierre de los pasos fronterizos.
Una de las principales consecuencias es la suspensión de la ruta de transporte terrestre Loja Piura y Piura Loja, que dejó de circular desde el 24 de diciembre, cuando se cerró el paso fronterizo en Macará. Además, se han suspendido los tránsitos de personas y vehículos por los 8 pasos fronterizos restantes.
Según los datos del Gobierno ecuatoriano, en la frontera con Colombia se cerraron los pasos de Rumichaca Ipiales; San Miguel Putumayo (CEBAF San Miguel); Tufiño Chiles; El Carmelo La Victoria; Puerto El Carmen Puerto Ospina; y Lago Agrio San Miguel. Mientras que en la frontera con Perú se cerraron los pasos de Huaquillas Aguas Verdes; Macará La Tina; Lalamor El Alamor; y La Balsa (Zumba San Ignacio).
Si bien existe un reconocimiento de que la inseguridad en la frontera es un problema que debe ser abordado, las críticas a la decisión del Gobierno se centran en la forma "improvisada" en que se llevó a cabo el cierre de los pasos fronterizos, generando incertidumbre y graves afectaciones a la población local.
La asambleísta Verónica Íñiguez, representante de la provincia de Loja, señaló que el cierre del paso fronterizo en Macará impacta "gravemente" a la economía y la vida diaria de la población, cuyas actividades dependen del comercio, la educación, el turismo y los vínculos familiares con Perú.
Por su parte, la Alcaldía de Macará coincide en que la decisión genera incertidumbre, al no especificar si el cierre de los pasos fronterizos será temporal o definitivo, y ha solicitado al Gobierno aclarar la duración de esta medida.
El experto en temas de seguridad, Leste Cabrera, considera que el cierre de los pasos fronterizos forma parte de una "estrategia regional de combate a la migración irregular", principalmente de venezolanos, y que, en lugar de beneficiar la seguridad, podría ser contraproducente, ya que obligaría a utilizar los pasos ilegales, afectando a la economía legal en lugar de a la ilegal.
