El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decretado el estado de emergencia económica, una figura constitucional que le permite actuar con rapidez ante situaciones graves e inmediatas. Sin embargo, esta decisión ha generado un enorme revuelo, ya que el Congreso había archivado previamente la Ley de financiamiento que habría permitido garantizar la estabilidad del Presupuesto General de la Nación para 2026.
El gobierno, confrontado con un recorte significativo del gasto público o la necesidad de aplazar partidas importantes, optó por el camino de lo excepcional, una vía que faculta al ejecutivo para tomar decisiones que, de otra manera, deberían haber sido aprobadas por el Congreso.
Según los expertos, esta medida es inconstitucional, ya que el estado de emergencia no está concebido para corregir derrotas políticas o compensar la incapacidad de construir mayorías en el Congreso. Está diseñado para enfrentar hechos extraordinarios, súbitos e incontrolables, y el rechazo parlamentario de una reforma tributaria no cumple con esos criterios.
El meollo del asunto reside en la determinación del gobierno de imponer tributos que el Congreso ya le había negado, utilizando la vía expedita que le otorga el estado de emergencia. Esto marca un punto de quiebre institucional, ya que se trata de un intento deliberado de imponer la voluntad del Ejecutivo por encima del Legislativo, forzando los límites de la Constitución.
El daño no es solo jurídico, sino también económico. La economía privada recibe una señal inequívoca de inestabilidad, lo que genera parálisis en proyectos, fuga de capitales y aplazamiento de decisiones de inversión. Esto hace que el crecimiento económico sea prácticamente imposible en un país donde la tributación se decide bajo un estado de excepción.
Ahora, la responsabilidad recae en la Corte Constitucional, que deberá revisar con urgencia la medida adoptada por el presidente Petro. La Corte debe dejar en claro que los estados de excepción no son una herramienta de gobierno ordinario ni un recurso para doblegar al Poder Legislativo.
Colombia enfrenta suficientes dificultades económicas como para añadir una crisis institucional autoinfligida. Persistir en este camino no fortalece al Estado, sino que lo debilita. Si la Constitución ha de seguir siendo algo más que un texto decorativo, este es el momento de demostrarlo, y la Corte Constitucional debe actuar sin ambig edades, sin cálculos políticos y sin miedo al poder.
