Los jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado enviaron una carta de 22 páginas al Consejo de la Judicatura el 22 de diciembre de 2025, exigiendo mejoras en seguridad, recursos logísticos y condiciones laborales para enfrentar los riesgos derivados de casos vinculados al crimen organizado.
La misiva, dirigida al presidente Mario Godoy y los cuatro vocales del Consejo de la Judicatura, surge en un contexto de amenazas de muerte y presiones judiciales que han afectado a los magistrados en un país marcado por la violencia estructural y la presencia de grupos criminales designados como terroristas por el Gobierno Nacional.
Los jueces anticorrupción expusieron que sus solicitudes previas no han recibido una atención favorable, y que hasta la fecha solo se les ha asignado dos policías para acompañamiento, sin recursos para gastos de seguridad, los cuales han costeado con medios propios. Según el documento, no existen normativas o presupuestos para atender estos pedidos, y algunos no han obtenido respuesta.
En la carta, los magistrados destacaron que en los últimos años han sido objetivos directos de ataques letales, en medio de una crisis de violencia que coincide con la presencia de grupos criminales organizados. Afirmaron estar en un "contexto preocupante" al resolver casos de narcotráfico internacional, tráfico de armas, secuestro extorsivo, sicariato y lavado de activos, delitos que requieren un compromiso interinstitucional más allá del poder judicial.
Los firmantes argumentaron que la carga procesal es alta, con hasta 30 procesados por caso, lo que genera una acumulación progresiva de procesos y posibles retrocesos si no se equipa a la unidad con más personal. Pidieron mejorar los parámetros para el teletrabajo en casos de riesgo, ya que actualmente dependen de análisis que permiten esta modalidad solo si el nivel de amenaza supera el 30% o tras denuncias por intimidación.
Respecto a la movilización, los jueces señalaron que usan vehículos propios o transporte público sin protocolos de seguridad, ante la ausencia de automotores estatales. Sugirieron implementar planes de salud, seguros de vida, mejoras salariales, pago de viáticos y capacitaciones para la especialización de futuros magistrados.
Desde la creación de la unidad hace más de tres años, han resuelto 3.300 de 4.000 causas ingresadas, enfocadas en delincuencia organizada y delitos relacionados. A pesar de esto, las respuestas institucionales han sido "asimétricas", según el documento, que cita un informe de ejecución presupuestaria de abril a junio de 2025 del Ministerio de Economía y Finanzas. El Consejo de la Judicatura no ejecutó USD 11,5 millones, sumados a USD 5,3 millones retirados por falta de ejecución, recursos que pudieron destinarse a estas dependencias.
Esta es la octava carta enviada por los jueces, ya que siete anteriores no fueron atendidas. Indicaron que las áreas técnicas responden que no es su competencia, no hay normativa o recursos, o simplemente no contestan. "Nuestros cargos son fuente de peligro y cada vez que pasa el tiempo, nuestra exposición pública y por ende, nuestra inseguridad aumenta", reflexionaron.
La misiva trascendió tras la denuncia del exjuez Carlos Serrano, quien renunció y abandonó el país por amenazas de muerte. También se revelaron presiones aparentes del Consejo de la Judicatura, con audios donde el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor amigo personal de Godoy , habría insinuado considerar argumentos de la defensa en el caso Euro 2024, involucrando al serbio Yezdimir Srdán por narcotráfico y lavado de activos.
Además, se conoció que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, formó parte del equipo de defensa de Srdán a través de su bufete Invictus. Paralelamente, la Asamblea Nacional citó a Godoy a comparecer, mientras el correísmo impulsa un juicio político en el contexto de estas presiones a Serrano.
Propuestas similares datan de septiembre de 2025, cuando la exvocal Solanda Goyes sugirió una política integral de seguridad que incluía seguros de vida para jueces, fiscales y operarios judiciales, y protocolos de alerta y respuesta inmediata. Esta iniciativa no tuvo acogida bajo la gestión de Godoy y surgió tras el asesinato de la jueza María Belén Chérrez en La Libertad, Santa Elena, el 28 de agosto de 2025.
