Los 252 venezolanos que fueron capturados en Estados Unidos y acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, y luego deportados al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde aseguran haber sido torturados, exigieron el viernes desde Caracas que Estados Unidos les permita impugnar los cargos que llevaron a su deportación.
Un tribunal federal en Washington pidió esta semana al gobierno estadounidense elaborar un plan para que estos migrantes deportados puedan tener el "debido proceso" y limpiar sus nombres. Los exprisioneros hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos y al de El Salvador para que cumplan plenamente con la orden judicial.
La decisión de la justicia federal abarca a 137 de los 252 venezolanos deportados, aunque no quedó claro si el texto lo suscribe la totalidad de los afectados. Algunos de ellos, como Arturo Suárez, de 34 años, dijeron que no tienen interés en volver a Estados Unidos, pero que quieren que se limpie su nombre y que se remedie lo que les hicieron "injustamente".
El presidente Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita, sin presentar evidencias y sin pasar por un juicio. Esto llevó a que un tribunal federal en Washington pidiera al gobierno estadounidense elaborar un plan para que estos migrantes puedan tener el "debido proceso".
El tribunal estadounidense propuso que las audiencias pudieran realizarse fuera de Estados Unidos siempre que respeten el debido proceso. Esto abre la posibilidad de que los migrantes puedan limpiar sus nombres sin tener que volver al país que los deportó.
En julio, un barbero de 27 años, entre las víctimas del Cecot, demandó a Trump por 1,3 millones de dólares, lo que evidencia el sufrimiento y las violaciones a los derechos humanos que habrían vivido estos migrantes venezolanos en El Salvador.
La situación de estos migrantes venezolanos deportados de forma expedita y sin debido proceso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo y refugio en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias. Su lucha por limpiar sus nombres y obtener justicia es un reflejo de la complejidad y los abusos que pueden sufrir los migrantes vulnerables.
