El gobierno de Uruguay y el astillero español Cardama se encuentran en una disputa por el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya. Luego de que el presidente uruguayo, Lacalle Pou, anunciara en octubre pasos para rescindir el contrato por presunta estafa y otras irregularidades, el astillero presentó una solicitud de audiencia de conciliación ante el Ministerio de Defensa Nacional.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó que el astillero envió una nota con una cita de conciliación para marzo, a la cual accedió a firmar. Sin embargo, Lazo aclaró que esto son "pasos normales" cuando hay una situación como la planteada, y que lo último que ha sucedido es esta solicitud de conciliación.
En diciembre pasado, Lazo había manifestado que el Estado uruguayo no seguirá pagando a la empresa gallega, en el entendido de que "hay hitos que no se han cumplido". La ministra subrayó que el gobierno esperará la resolución judicial.
Por su parte, Mario Cardama, dueño del astillero, confirmó la petición de conciliación y aseguró que la construcción de los buques continúa. Cardama expresó que la empresa espera "llegar a un acuerdo con el Estado uruguayo".
La disputa se remonta a octubre, cuando el presidente Lacalle Pou anunció que se tomarían pasos para rescindir el contrato con el fabricante por presunta estafa y otras irregularidades. Estas irregularidades fueron posteriormente contempladas en una denuncia ampliada ante la fiscalía.
El contrato original era para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya. Ahora, tanto el gobierno como el astillero buscan resolver el conflicto a través de una audiencia de conciliación programada para marzo.
Es importante destacar que este tipo de disputas entre gobiernos y contratistas por incumplimiento de contratos no son inusuales, y suelen resolverse a través de procesos legales y de negociación. Sin embargo, el caso de Uruguay y el astillero español Cardama refleja la complejidad y los desafíos que pueden surgir en proyectos de esta envergadura.
Será crucial seguir de cerca los desarrollos de este caso, ya que la resolución final tendrá implicaciones tanto para el gobierno uruguayo como para el astillero español involucrado.
