Las comunidades indígenas Wampís y Awajún, en la región amazónica de Perú, se encuentran en alerta máxima por la violencia y la amenaza de la minería ilegal que afecta gravemente a sus pueblos. Tras el ataque e incendio del puesto de control socioambiental de la comunidad San Rafael, las autoridades territoriales advirtieron sobre el avance de las actividades ilegales y el riesgo que enfrentan en la defensa de sus tierras.
Teófilo Kukush, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), denunció que la violencia sigue afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, con asesinatos, secuestros y amenazas. Según Kukush, detrás de estos hechos operan redes ilegales que promueven la violencia y la división interna en las comunidades, con el objetivo de debilitar los sistemas de control y facilitar la captura criminal de sus territorios.
Las autoridades indígenas reafirmaron que la minería es incompatible con su forma de vida y con su visión de futuro, y alertaron sobre la contaminación del río Santiago con mercurio y el impacto directo en la salud de las comunidades y de las próximas generaciones. Asimismo, cuestionaron los discursos que intentan legitimar estas actividades bajo supuestos argumentos culturales, señalando que contradicen el mandato ancestral de proteger el territorio integral.
Ante este escenario, el GTANW y el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) coincidieron en que la unidad y la coordinación son factores clave para enfrentar la amenaza extractiva y garantizar la gobernanza territorial y la paz en la zona. Las autoridades también rechazaron que el Estado utilice la narrativa de un conflicto entre pueblos para evadir su responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos humanos en el territorio.
Entre las medidas planteadas, se encuentra la realización de una reunión urgente entre las autoridades de ambos gobiernos territoriales y el fortalecimiento del control socioambiental conjunto en las zonas más vulnerables del bajo río Santiago. Las comunidades indígenas reiteraron su rechazo a la violencia minera que amenaza la vida, la paz y la autonomía de sus pueblos, y enfatizaron que la defensa del territorio es una responsabilidad histórica y colectiva.
