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Exmandatario surcoreano Yoon Suk-yeol enfrenta hasta 10 años de cárcel por obstrucción a la justicia

Exmandatario surcoreano Yoon Suk-yeol enfrenta hasta 10 años de cárcel por obstrucción a la justicia

La Fiscalía especial de Corea del Sur ha solicitado una pena de 10 años de cárcel para el expresidente Yoon Suk-yeol por obstrucción a la justicia durante su fallido intento de imponer la ley marcial en el país en diciembre de 2022. Esta es la primera solicitud de pena para el exmandatario en los cuatro procesos que enfrenta, entre ellos uno por insurrección que podría llevarlo a cadena perpetua o incluso pena de muerte.

El cargo de obstrucción a la justicia se refiere al intento de Yoon de impedir su detención tras el incidente de la imposición de la ley marcial, en el que el Ejército irrumpió en la Asamblea Nacional y la Policía bloqueó los accesos, obligando a decenas de legisladores, incluido el actual presidente Lee Jae-myung, a saltar vallas para votar la revocación del decreto.

Yoon fue suspendido días después y destituido finalmente en abril, mientras varios de sus altos funcionarios, incluidos el exministro de Defensa y el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, también se encuentran detenidos y enfrentando procesos judiciales.

Se espera que el Tribunal del Distrito Central de Seúl emita un veredicto sobre la solicitud de 10 años de prisión el 16 de enero, dos días antes de que expire la detención preventiva del expresidente. El caso por insurrección, el más grave de los que enfrenta Yoon, no se dirimirá hasta febrero como pronto.

Yoon continúa defendiendo su declaración de la ley marcial, llegando a afirmar en un reciente editorial que tomó la decisión "ante el colapso del orden constitucional de la democracia liberal y una situación de crisis del Estado". Sin embargo, las autoridades consideran que su intento de imponer la ley marcial fue un grave atentado contra la democracia y el Estado de derecho en Corea del Sur.

La posible condena de Yoon por insurrección podría acarrearle la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque en Corea del Sur existe una moratoria sobre la pena capital desde 1997. Este caso se perfila como uno de los mayores escándalos políticos en la reciente historia del país asiático.

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