El 2025 se convirtió en un año complicado para el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aún no completa los tres años de su administración que se cumplirán en mayo de 2026. Su gestión municipal se vio rodeada de crisis operativas, polémicas por contrataciones y rupturas políticas tanto con su propio movimiento, la Revolución Ciudadana, como con el Gobierno Central.
La conflictividad comenzó temprano, cuando en enero de 2025 Muñoz exigió respuestas al Gobierno de Daniel Noboa sobre la extensión del Metro de Quito y la asignación de recursos a los municipios, evidenciando la ruptura con el mandatario. Esta jugada política fue desgastando su figura a lo largo del año.
En marzo, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso al CNE la entrega de formularios para iniciar el proceso de revocatoria de mandato impulsada por el ciudadano Néstor Marroquín. Si bien el proceso avanzó, finalmente no se concretó por falta de firmas válidas, pero dejó expuesta la fragilidad política del alcalde.
A mitad de año, la relación entre Muñoz y Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana que lo llevó al Palacio Municipal, se tensó como no ocurría desde el inicio de su administración. Tras las elecciones presidenciales, Muñoz fue uno de los primeros en reconocer el triunfo de Daniel Noboa, en franca contradicción con Luisa González, candidata del correísmo.
Esto generó una carta de varios dirigentes del movimiento solicitando un espacio de diálogo, pero Correa calificó la acción como "desleal" y habló de traición. La tensión llegó a su punto más álgido cuando Correa escribió en redes que se opondría a cualquier candidato "tibio", en alusión a la intención de Muñoz de buscar la reelección.
Paralelamente, la ciudad atravesaba una de las peores emergencias de infraestructura de la última década: una rotura en el sistema La Mica Quito Sur dejó sin agua a extensas zonas del sur de la capital durante semanas. La crisis fue aprovechada por el Gobierno para criticar la lentitud de la respuesta municipal.
La gestión administrativa también quedó bajo la lupa por decisiones cuestionadas, como la contratación de 4.800 platos de hornado a $15 cada uno para una "jornada de integración institucional". Esto se sumó a observaciones de la Contraloría sobre contratos del Metro de Quito y la adquisición de buses eléctricos para el Trolebús, que incluso derivaron en indicios de responsabilidad penal.
Las tensiones con el Gobierno de Noboa también escalaron, al punto que Muñoz suspendió la tradicional serenata quiteña por problemas con contratos para los eventos de las fiestas de Quito.
Con un año cargado de frentes críticos, Muñoz entra a su último tramo de gestión con un escenario fragmentado, y 2026 será un periodo de recuperación o de mayor presión, dependiendo de cómo logre reorganizar sus relaciones políticas y enfrentar los desafíos operativos.
