A partir de 2026, los quiteños verán cambios en la forma de pagar por las obras que ejecuta el Municipio. El 22 de diciembre de 2025, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una reforma a la fórmula de cálculo de la Contribución Especial de Mejoras (CEM), eliminando el modelo histórico que cargaba el costo total de determinadas obras solo a los "frentistas" (vecinos directos).
La nueva ordenanza introduce una escala de cuatro niveles para distribuir el costo de manera más equitativa, dependiendo de hasta dónde llegue el beneficio de la obra. Esto implica que todos los quiteños contribuirán al financiamiento de obras, aunque no estén necesariamente en su barrio.
Según las autoridades, el aporte promedio que hará cada quiteño por estas nuevas obras distritales no superará los USD 0,76. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación de "solidaridad", ya que podría afectar a los sectores más vulnerables que aún carecen de infraestructura básica.
El concejal Wilson Merino advierte que, en la práctica, esto conllevará a que los barrios históricamente olvidados, donde las calles son de tierra y no hay alcantarillado, terminen pagando por obras que no les benefician. Esto, para él, no es solidaridad, sino "inequidad territorial".
Además, la reforma se dio en un contexto político tenso, ya que fue aprobada en el mismo paquete legislativo que regula la nueva forma de cobro de la Tasa de Recolección de Basura, la cual se facturará en la planilla de agua potable a partir de 2026.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que cada mes que no se cobró esta tasa le costó al Municipio alrededor de USD 6 millones, lo que significará "menos obras para la ciudad". Contando noviembre, diciembre y enero de 2026, serían USD 18 millones de gasto que tendrá el municipio.
