El Ministerio de la Producción (Produce) ha tomado medidas para poner fin a la "zona gris" normativa que permitía que grandes capitales internacionales, especialmente chinos, operen con licencias de pesca artesanal mientras realizaban exportaciones masivas de macroalgas.
La nueva reforma al Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) establece que el procesamiento de macroalgas debe industrializarse y transparentarse. Produce detectó un patrón alarmante en las regiones de Ica y Arequipa, donde empresas de gran envergadura realizaban operaciones de secado, picado y extracción compleja (propias de una industria), pero declaraban sus actividades como "manuales o básicas" para evitar las exigencias de la ley industrial.
En ese sentido, la normativa dispone que las plantas identificadas tengan un plazo máximo de 24 meses (2 años) para adecuar su infraestructura, tecnología y permisos a la categoría industrial. Aquellas empresas que no completen la adecuación en el tiempo previsto perderán su reconocimiento temporal y no podrán seguir operando ni exportando el recurso.
Esta medida busca poner fin a la "dependencia absoluta" que tiene el Perú con China en las exportaciones de macroalgas. Según cifras del 2024 y lo que va del 2025, el 96% del total exportado tiene como destino el mercado chino, lo que evidencia que no se trata de una actividad de subsistencia, sino de una industria millonaria que operaba con estándares mínimos.
Investigaciones de organismos como Mongabay Latam han señalado que empresas de capitales chinos vienen concentrando el mercado en el sur del Perú sin contar con autorizaciones industriales, operando bajo un esquema que este decreto busca desmantelar. Solo entre enero y mayo de 2025, el flujo de exportaciones alcanzó los 14.7 millones de dólares.
Para asegurar que el "yuyo" y otras algas no sean depredados ilegalmente, Produce ha implementado dos mecanismos de control de "hierro" en la nueva normativa.
