Mientras las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentan, el gobierno de Nicolás Maduro está aprovechando la situación para intensificar la represión contra la oposición y la disidencia interna.
De acuerdo a un informe de Human Rights Watch, las autoridades venezolanas han utilizado la presión estadounidense como "excusa para desplegar al Ejército, tildar de traidores a sus críticos y arrestar a decenas de disidentes". La organización de derechos humanos afirma haber documentado 19 casos de presos políticos en régimen de incomunicación.
Uno de los casos más emblemáticos es el del político opositor Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, quien falleció este mes en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia SEBIN en Caracas, un año después de ser arrestado mientras intentaba huir del país. Su familia asegura que le negaron la atención médica necesaria.
Además, la Asamblea Nacional aprobó una ley que impone hasta 20 años de prisión a cualquiera que "promueva, instiga, solicite, invoque, favorezca, facilite, apoye, financie o participe" en la campaña estadounidense para confiscar barcos que transportan petróleo venezolano.
Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker T rk, "la represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas. Periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y riesgo de detención arbitraria, simplemente por hacer su trabajo".
El sociólogo David Smilde, de la Universidad de Tulane, afirma que "cuando existe una amenaza tan real de una operación militar, por supuesto que se usará como excusa" para intensificar la represión.
Según el observatorio penitenciario independiente Foro Penal, el gobierno de Maduro tiene detenidos a 905 presos políticos. Además, se han documentado casos de menores de edad, como Gabriel José Rodríguez, de 16 años, quien fue arrestado en un hospital y condenado a 10 años de prisión por terrorismo.
La situación en Venezuela se ha deteriorado aún más desde las elecciones presidenciales de 2024, que fueron consideradas fraudulentas por observadores independientes. Maduro se proclamó vencedor a pesar de que las auditorías mostraron que perdió frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia por un margen de 2 a 1.
Estados Unidos ha considerado ilegítimo a Maduro desde las anteriores elecciones presidenciales venezolanas de 2018, y ha acusado a su gobierno de narcotráfico. La administración de Trump ha aumentado la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Maduro y varios altos funcionarios venezolanos a 50 millones de dólares.
Ante esta situación, el gobierno de Maduro ha movilizado al Ejército, pedido apoyo a los aliados y apelado a las Naciones Unidas. Sin embargo, la represión interna continúa, con el encarcelamiento de líderes políticos, activistas y ciudadanos comunes, como la médica Marggie Orozco, condenada a 30 años de prisión por criticar la crisis política.
Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado estas prácticas y exigen que se respeten las libertades y derechos de los venezolanos. Mientras tanto, las familias de los presos políticos siguen luchando por la liberación de sus seres queridos, en medio de un clima de miedo e incertidumbre.
