La Unión Europea ha publicado una licitación de 2.3 millones de euros para suministrar e instalar servidores y equipos de red con el fin de fortalecer la infraestructura tecnológica de la "Plataforma de Gobierno Electrónico" encabezada por la administración pública cubana.
El proyecto, denominado "Cuba Digital NDICI LA/2022/44160", está financiado por la Unión Europea y es ejecutado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP) con el objetivo de apoyar la "transición digital" de la administración pública cubana.
Sin embargo, la iniciativa ha generado polémica, ya que organizaciones internacionales han descrito a Cuba como un país "no libre" con un historial documentado de restricciones severas a las libertades civiles, incluyendo el ecosistema informativo y el entorno digital.
Los documentos oficiales de la licitación no detallan qué entidades cubanas operarán directamente el nuevo centro de datos ni cómo se auditarán, en términos de derechos, los usos finales de esa capacidad tecnológica. Esto ha llevado a que internautas cubanos cuestionen qué implica, en la práctica, reforzar la "transformación digital" de un Estado de partido único.
La narrativa oficial cubana sobre el gobierno digital incluye la plataforma Cubagob, la cual, según medios oficiales, se encuentra "en fase final de organización e institucionalización" y tiene como objetivo facilitar "la gestión de trámites y servicios gubernamentales en línea, con el uso de pago y firma digital y la interacción gobierno ciudadano".
Sin embargo, organizaciones internacionales han señalado la represión de la crítica pública y el disenso en el país, lo que genera dudas sobre los verdaderos alcances y la transparencia de este proyecto financiado por la Unión Europea.
