El gobierno de Uruguay, liderado por el presidente Yamandú Orsi, ha presentado una segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama por sospechas de una posible estafa relacionada con un contrato de más de 92 millones de dólares para la construcción de dos patrullas oceánicas.
La denuncia inicial fue presentada en la Fiscalía, y ahora se suman nuevos elementos que apuntan a irregularidades en el proceso. Según declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se ha solicitado una pericia al Ministerio del Interior sobre el documento de garantía, donde se habría detectado que la firma no es original y que existen tres documentos con la misma firma, lo que sugiere una posible falsificación.
Anteriormente, la Asesoría Jurídica de Presidencia había presentado una primera ampliación de la denuncia, en la que se incluyó una declaración del notario español Luis Calabuig de Leyva, quien afirmó que el astillero español había falsificado su firma en un acta que acompañaba la garantía en cuestión.
Mientras tanto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, ha manifestado que el gobierno "no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto esto (del contrato) que está en un proceso judicial se resuelva".
Este caso ha generado gran preocupación en las autoridades uruguayas, quienes están determinadas a esclarecer las presuntas irregularidades y tomar las medidas correspondientes. La ampliación de la denuncia y las nuevas evidencias presentadas sugieren que el gobierno está comprometido en investigar a fondo esta situación y proteger los intereses del Estado.
Es importante destacar que el astillero español Cardama ha sido acusado de otras irregularidades en el pasado, lo que ha generado un clima de desconfianza y ha puesto en duda la transparencia de sus operaciones. Esta nueva denuncia se suma a los cuestionamientos que pesan sobre la empresa y su relación con el gobierno uruguayo.
A medida que la investigación avance, se espera que se puedan esclarecer los hechos y determinar si efectivamente hubo una estafa o si se trata de un malentendido. En cualquier caso, el gobierno de Uruguay ha dejado claro que no tolerará ningún tipo de irregularidad en los contratos públicos y que está dispuesto a tomar las acciones legales necesarias para proteger los intereses del país.
