El Gobierno de Javier Milei ha realizado una reconfiguración clave en el mapa de poder del Banco de la Nación Argentina. A través del Decreto 903/2025, se oficializó el reemplazo de Daniel Tillard por Darío Wasserman como nuevo presidente de la entidad bancaria, consolidando la influencia de Karina Milei y su entorno en el organismo.
La salida de Tillard, quien tenía una estrecha relación con el sector del peronismo cordobés, forma parte de una política de recambio aplicada por la administración libertaria para alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer el círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia.
Wasserman, quien se desempeñaba como vicepresidente del banco, es una figura clave en el esquema de poder de los Milei. Su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en el área de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un sector al que históricamente ha apuntado el banco público. Presidió Móvil SGR y Garantizar SGR, y estuvo al frente de la Cámara Argentina de SGR.
Además, Wasserman ha fortalecido su rol político gracias a su relación cercana con Karina Milei y la construcción de un núcleo de poder junto a su esposa, Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña. Ambos participaron como anfitriones de encuentros decisivos en los inicios del movimiento libertario y facilitaron aproximaciones con figuras del "círculo rojo" empresarial y político.
En el comunicado oficial que anunció la designación de Wasserman, la Presidencia enfatizó la continuidad de la orientación iniciada en la gestión Milei, destacando que "el banco volvió a trabajar de banco" y señalando que durante la gestión de Tillard y Wasserman se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la participación del Banco Nación en el mercado creció de 12 a 18 puntos porcentuales.
Uno de los desafíos de la nueva gestión de Wasserman será la propuesta de transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, en lugar de mantener su condición de sociedad del Estado. Aunque existe una decisión política clara en ese sentido, dicho plan permanece detenido como consecuencia de una medida judicial.
