El salario mínimo en Guatemala es un tema controversial que ha generado intensos debates. Un nuevo decreto presidencial ha reavivado la discusión sobre si esta medida es realmente beneficiosa para los trabajadores más vulnerables o si, por el contrario, está destruyendo oportunidades de empleo formal.
Según un análisis en profundidad, el salario mínimo en Guatemala parece estar teniendo un impacto negativo en sectores clave de la economía. En la manufactura, por ejemplo, se perdieron 14 mil puestos de trabajo formal en solo ocho meses después del último aumento salarial. En la agricultura, la caída fue aún más pronunciada, con 10 mil empleos formales que desaparecieron o migraron a la informalidad en el mismo período.
La paradoja se hace evidente al observar lo sucedido en la minería, tradicionalmente uno de los sectores mejor remunerados del país. Lejos de fortalecer este motor de empleo productivo, las confrontaciones y paralizaciones de proyectos mineros han golpeado duramente a este segmento, mientras que el sector público se ha posicionado como el mayor empleador y el segundo con mayores salarios promedio.
Los datos sugieren que el salario mínimo en Guatemala supera el máximo europeo en términos relativos, a pesar de tener una productividad mucho menor y una informalidad mucho mayor. Incluso a nivel regional, Guatemala se ubica entre los países que tienen un salario mínimo más alto en relación con su PIB per cápita, lo que indica que se está intentando pagar "salarios de arriba" con una base productiva "de abajo".
Según la evidencia científica, los aumentos del salario mínimo reducen el crecimiento del empleo, afectando principalmente a los jóvenes y a los trabajadores de baja calificación. En economías con alta informalidad, como la guatemalteca, el empleo no desaparece, sino que se traslada a la economía informal.
Expertos señalan que la verdadera solución no está en decretar aumentos salariales, sino en elevar la productividad del país a través de medidas como atraer inversión, reducir barreras a la formalidad y apostar por el capital humano. De lo contrario, el salario mínimo podría seguir siendo un "destructor moral de la sociedad", cerrando oportunidades a quienes más las necesitan.
