La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) reveló que la formalización de 70 imputados, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, por integrar una red de corrupción en el sistema penitenciario, evidencia una crisis estructural en la institución.
Mario Benítez, presidente de ANOP, afirmó que este caso "golpea a Gendarmería" y que "no es algo aislado", sino que responde a una problemática más profunda. Señaló que el modelo de Gendarmería, concebido hace 50 años, está "agotado" y no da respuestas ante el nivel de criminalidad actual.
La investigación, denominada Operación Apocalipsis, detectó que la red criminal habría vulnerado protocolos de seguridad en las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín, facilitando el ingreso de elementos prohibidos y visitas irregulares a personas privadas de libertad. Además, se habría movido más de $6.000 millones en un período de tres años a través de transferencias bancarias para encubrir el origen ilícito de los fondos.
Benítez advirtió que el riesgo es que los centros penitenciarios se conviertan en "centros de operaciones del crimen organizado", lo que representa un peligro para la democracia. Explicó que la sobrepoblación carcelaria, sumada a la falta de personal y recursos, dificulta el control de la actividad delictiva al interior de las cárceles.
Si bien reconoció que la mayoría de los funcionarios de Gendarmería son "probos", señaló que la institución requiere de una "estructura más robusta" que permita una carrera funcional con incentivos para atraer y retener al personal.
Pese a los desafíos, Benítez cree que aún hay tiempo para intervenir y fortalecer a Gendarmería, una institución que considera "resiliente" y con la capacidad de hacer frente a la crisis de corrupción y seguridad que enfrenta el sistema penitenciario.
