La violencia asociada a la extorsión en el transporte público de Lima y Callao ha dejado numerosas víctimas y familias desamparadas, mientras las prometidas ayudas estatales económicas y psicológicas para los huérfanos de conductores asesinados siguen sin implementarse plenamente.
Según datos del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, 91 personas entre chóferes, cobradores y pasajeros murieron en ataques perpetrados por mafias de extorsionadores. A pesar de los anuncios oficiales, la carencia de un registro completo de víctimas y la falta de un plan efectivo de asistencia han incrementado la vulnerabilidad de los menores afectados, muchos de los cuales desconocen sus derechos y no han recibido el apoyo prometido.
El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, identificó 40 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por estos crímenes, todos familiares de 22 conductores asesinados. No obstante, gremios de transportistas y la Fiscalía consideran que el número real podría triplicarse, ya que las cifras oficiales excluyen a cobradores y pasajeros fallecidos.
La situación de las familias es crítica. Carmen Mendoza Granados, madre de Juan Ibáñez conductor asesinado en diciembre de 2024 en San Martín de Porres relató el impacto devastador de la pérdida: "Es doloroso porque él no estaba enfermo, no estaba mal. Salió a trabajar y volvió en un cajón. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme". Mendoza denunció que el Gobierno del presidente José Jerí no cumplió con la entrega del bono de 200 soles mensuales ni con el apoyo psicológico prometido.
La falta de acompañamiento estatal se evidencia en la escasez de información y orientación para las familias. Olga Ramos Huamán, directora de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento del INABIF, reconoció que, aunque existe una ley universal que protege a los menores en situación de orfandad, muchas familias no conocen sus derechos. Admitió que el Estado no ha acudido a las familias para informarles ni facilitar el acceso a los beneficios.
El drama se repite en otros hogares. Diana Medina, madre de un adolescente huérfano tras el asesinato de Gustavo Salazar Yachachín conductor de la empresa El Rápido, muerto en noviembre de 2024 , confirmó que su hijo solo recibió dos bonos y no obtuvo el apoyo psicológico anunciado.
La respuesta estatal se ha visto obstaculizada por la ausencia de datos precisos y la falta de coordinación interinstitucional. El Ministerio del Interior entregó un listado oficial de víctimas recién en septiembre de 2025, pese a que los crímenes se registran desde mediados de 2024. La relación, incompleta, no consideró a cobradores ni pasajeros, lo que complicó la identificación de todos los menores en orfandad.
La creación de la División de Investigación contra las Extorsiones, dirigida por el general Víctor Revoredo, fue anunciada el 3 de noviembre de 2025, pero persisten dudas sobre su presupuesto y recursos. Revoredo defendió la labor policial, pero familiares de víctimas expresan su frustración ante la falta de avances y la impunidad.
El acompañamiento policial a los transportistas, otra de las medidas anunciadas, tampoco se cumple efectivamente. Conductores denunciaron que los agentes solo los escoltan durante unas pocas cuadras antes de retirarse. A pesar de ello, gremios de transportistas y familiares insisten en que los ataques continúan y que la protección sigue siendo insuficiente.
En el contexto nacional, la violencia letal mantiene una tendencia al alza. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado 2.104 homicidios en Perú, una cifra que supera los reportes anuales desde 2017. La ausencia de un registro integral de víctimas y la falta de un plan efectivo de asistencia agravan la situación de los huérfanos y sus familias, quienes afrontan el duelo y la precariedad sin el respaldo prometido por el Estado.
