El Gobierno peruano, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ordenó el cierre definitivo de 141 economatos en establecimientos penitenciarios de todo el país. La medida, formalizada mediante la Resolución Presidencial N. 523-2025-INPE/P, busca restablecer el orden y la legalidad en los centros de reclusión, en línea con las acciones implementadas durante el estado de emergencia vigente.
La decisión se fundamentó en una evaluación técnica realizada por la Dirección de Tratamiento Penitenciario, que determinó la necesidad del cierre para garantizar el control institucional. Según el informe, los economatos afectados incumplían con el pago correspondiente a la habilitación de los espacios asignados y con los servicios básicos de energía eléctrica y agua.
De los 206 economatos autorizados por el Consejo Técnico Penitenciario, 141 serán clausurados por no cumplir con la normativa vigente. Los responsables de estos establecimientos tendrán un plazo máximo de cinco días calendario para retirar todos los bienes y enseres no autorizados por el INPE.
La medida responde a la directiva del Presidente de la República, José Jerí, de restablecer el principio de autoridad en los centros penitenciarios, tarea supervisada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.
En paralelo, el Gobierno ha anunciado la desaparición del INPE como parte de una estrategia para enfrentar la crisis en el sistema carcelario. El ministro Jerí detalló que esta iniciativa, incluida en el pedido de facultades legislativas presentado al Congreso, permitirá implementar un nuevo modelo de administración penitenciaria con mayor autonomía y capacidades para combatir la criminalidad organizada que opera desde las cárceles.
Según Jerí, la propuesta contempla la creación de un organismo diferente que busca reducir la corrupción, profesionalizar la gestión de las prisiones y garantizar mejores condiciones de seguridad tanto para los internos como para la ciudadanía. El ministro recalcó que el Ejecutivo espera que el Congreso otorgue pronto las facultades legislativas para avanzar con esta reforma, que considera prioritaria en el contexto de la lucha contra el crimen y la modernización de las instituciones vinculadas a la justicia penal en el Perú.
