Venezuela denunció y rechazó categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación. Según un comunicado de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el atraco fue cometido por efectivos militares de Estados Unidos en aguas internacionales.
El gobierno venezolano afirmó que este grave hecho de piratería "implica la flagrante comisión del delito previsto en el artículo tres del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, así como una grosera violación del artículo dos de la Carta de las Naciones Unidas". También señaló que se viola el artículo dos de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y de la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
Rodríguez manifestó que el modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de Estados Unidos con este tipo de prácticas "fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano". Venezuela, aseguró, seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana.
La República Bolivariana reafirmó que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo. Resaltó que el Derecho Internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder.
Este incidente se produce en un contexto de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que han impuesto sanciones económicas al país sudamericano en los últimos años. El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que considera una campaña de "acoso" y "agresión" por parte de la administración estadounidense.
La denuncia del robo del buque venezolano en aguas internacionales es un nuevo capítulo en esta disputa geopolítica, y pone de manifiesto la fragilidad de la soberanía de Venezuela frente a la proyección de poder de Estados Unidos en la región. El gobierno de Nicolás Maduro ha advertido que no se quedará de brazos cruzados y que tomará todas las acciones legales y diplomáticas necesarias para defender sus intereses y los de su pueblo.
