Una investigación periodística de LA NACIÓN reveló una trama de corrupción que habría saqueado decenas de miles de millones de pesos de diversas agencias del Estado nacional durante las presidencias de Javier Milei y Alberto Fernández.
Los protagonistas de esta presunta asociación ilícita son los empresarios Miguel Angel Calvete y Federico Maximiliano Santich, quienes habrían logrado desviar fondos de áreas como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ministerio de Salud, el PAMI y la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras.
Según la investigación, la operatoria comenzó a gestarse durante la pandemia de COVID-19, cuando Calvete y Santich, presentados por un amigo en común, empezaron a generar negocios con el sector público. Uno de los primeros fue la venta de sillas de ruedas y otros insumos médicos al Ministerio de Salud, en tiempos de Ginés González García.
Posteriormente, los empresarios habrían expandido sus actividades ilícitas a otras áreas, como el PAMI y la Dirección Nacional de Vialidad, donde no se habrían dedicado a construir o reparar rutas, sino a la provisión de "servicios".
Clave en esta trama habría sido la intervención de Kevin Pocovi, un interlocutor habitual que les habría abierto las puertas de la Andis a Calvete y Santich, presentándolos a Diego Spagnuolo, exfuncionario de esa agencia. Pocovi, cercano al diputado libertario Guillermo Montenegro, aparece vinculado a varias sociedades comerciales y habría recibido pagos de los empresarios investigados.
Según la información recabada, el volumen de negocios con el Estado fue tal que los protagonistas de la presunta asociación ilícita habrían decidido expandir sus operaciones, adquiriendo incluso un centro de diagnóstico por imágenes en Quilmes y financiando campañas de candidatos locales.
La investigación también revela que Santich habría utilizado varias empresas, algunas de ellas creadas recientemente, para canalizar los fondos obtenidos de manera irregular. Asimismo, se menciona que el empresario habría adquirido autos de lujo pagados al contado con fajos de billetes.
El fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello llevan adelante la investigación de este caso, que involucra a exfuncionarios, dueños de droguerías y exsocios y empleados de Calvete y Santich. La trama de corrupción habría abarcado los gobiernos de Milei y Fernández, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
