Según un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de Costa Rica, al menos 545 sitios ubicados en 33 rutas de montaña presentan características de deslizamiento, lo que representa un serio riesgo para la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios.
El análisis, que incluyó la inspección visual de la red vial estratégica del país, reveló que en las rutas primarias se identificaron 364 sitios con problemas de escorrentía superficial, 327 con presencia de deslizamientos, 216 con erosión de taludes y 103 con acumulación de material al pie de los mismos. Además, se encontraron otros problemas como roca fracturada, formación de grietas y hundimientos.
Las rutas que presentaron la mayor cantidad de sitios con estas condiciones fueron la Interamericana sur, la ruta 141 (entre Naranjo y Ciudad Quesada) y la 142 que va desde La Fortuna de San Carlos hasta Tilarán en Guanacaste. En la ruta 1 (Interamericana norte) se identificaron 37 puntos que requieren atención, mientras que en la ruta 32 se contabilizaron 69.
En cuanto a las rutas de la red complementaria, el estudio concluye que al menos siete lugares cuentan con recomendaciones generales de manejo del agua de escorrentía superficial y otros siete requieren de un análisis más detallado. En total, se encontraron 206 puntos con problemas de escorrentía, 218 con deslizamientos, 67 con erosión de taludes y 47 con acumulación de material.
Los expertos del Lanamme advierten que la omisión de las recomendaciones planteadas en el informe podría significar riesgos económicos para la administración y los usuarios de las rutas, ya que la falta de evaluaciones geotécnicas detalladas podría derivar en deslizamientos o fallas estructurales que afecten carreteras, puentes y otras infraestructuras cercanas, generando costos significativos de reparación y mantenimiento.
Asimismo, señalan que los problemas más evidentes serían los cierres de carreteras o desvíos, lo que causaría costos adicionales para la administración en términos de reparaciones de emergencia, y afectaría la economía local y nacional debido a los retrasos en el transporte de bienes y personas.
