Los miembros de una brigada técnica que realizaba un operativo de interrupción del servicio eléctrico fueron agredidos física y verbalmente en la provincia de Dajabón, mientras ejecutaban la desconexión en una vivienda conectada de manera ilegal.
El hecho ocurrió el jueves 18 de diciembre cuando personal técnico de una empresa contratista, junto al Departamento Comercial y de Reducción de Pérdidas de Energía de Edenorte Dominicana y un oficial de la Dirección de Seguridad Física, se presentó a una vivienda ubicada en la calle principal del barrio La Bomba.
De acuerdo con el informe preliminar, al momento de realizar la desconexión del suministro eléctrico por falta de contrato, el propietario de la vivienda, Luciano Genao, y su hijo, Ronny Ismael Luciano Encarnación, reaccionaron de forma violenta, agrediendo física y verbalmente a los técnicos Luis Alfredo Taveras Fernández y Juan Daniel Moreta, empleados de Ingmelec Dominicana, empresa autorizada que brinda servicios a Edenorte.
Edenorte Dominicana condenó de manera enérgica cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad física de su personal y de las empresas contratistas, al tiempo que reiteró que los trabajos realizados estaban amparados en la normativa vigente del sector eléctrico.
La distribuidora informó que Ingmelec Dominicana inició las acciones legales correspondientes ante las autoridades judiciales de la provincia de Dajabón, a fin de que los responsables respondan por los hechos cometidos.
Edenorte reafirmó su compromiso con la seguridad de su personal, la reducción de pérdidas, el combate al fraude eléctrico y la mejora continua del servicio, acciones que indicó se ejecutan conforme a la ley y en beneficio de la ciudadanía.
Este incidente pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las empresas eléctricas en la República Dominicana, donde el fraude y la conexión ilegal de viviendas son problemas recurrentes. La agresión a los trabajadores técnicos es un hecho lamentable que debe ser condenado y sancionado de acuerdo a la ley, a fin de garantizar la seguridad del personal y el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.
Las empresas de servicios públicos tienen la responsabilidad de asegurar el suministro de energía de manera eficiente y sostenible, pero también deben trabajar en estrecha colaboración con las comunidades para fomentar una cultura de pago y respeto a la infraestructura. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre la empresa, las autoridades y los ciudadanos se podrá erradicar el fraude y garantizar un servicio eléctrico de calidad para todos.
