Los préstamos consignados son la principal línea de crédito utilizada por los jubilados y pensionistas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en Brasil que necesitan reforzar su presupuesto. Sin embargo, los datos muestran que las quejas por cobros indebidos y prácticas abusivas de las instituciones financieras se han disparado, lo que ha llevado al gobierno y al sector bancario a tomar medidas más estrictas para combatir estas irregularidades.
Según los datos de la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), la plataforma Consumidor.Gov.Br recibió 15.986 quejas relacionadas con créditos consignados, tarjetas de crédito consignadas y Reserva de Margen Consignable (RMC) entre enero y diciembre de 2025, casi el doble que en 2024. Este es el nivel más alto registrado en los últimos tres años.
Las denuncias han llevado a una serie de acciones por parte de las autoridades. En 2025, el INSS bloqueó nuevas contrataciones de préstamos como medida para evitar ofertas de crédito sin la solicitud previa de los asegurados. Además, el instituto suspendió 19 Acuerdos de Cooperación Técnica (ACT) con bancos debido al incumplimiento de las normas.
Un caso emblemático fue el acuerdo firmado en diciembre entre el Ministerio Público de Minas Gerais y el Banco Mercantil do Brasil, después de que un tribunal determinara la suspensión de 263 contratos irregulares celebrados por una sucursal del banco. El banco deberá cancelar los contratos vigentes y pagar una indemnización de hasta 10.000 reales a cada cliente afectado, además de una multa por daños morales colectivos de 1 millón de reales.
Expertos señalan que, si bien las medidas adoptadas por las autoridades son importantes, los jubilados y pensionistas deben mantener un seguimiento cercano de sus beneficios y ser muy cuidadosos antes de asumir cualquier deuda, ya que a diferencia de la población más joven, este público no tiene expectativas de aumento de ingresos.
