El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de las visas del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras, Mario Morazán, y la negación de la solicitud de visa del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por haber interferido en el recuento de votos de las elecciones generales de Honduras en 2025.
En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que las voces de los 3.4 millones de hondureños que participaron en los comicios deben ser respetadas y escuchadas. "Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región", advirtió Rubio.
La revocación de las visas se realizó de conformidad con la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite tomar medidas contra quienes obstaculicen procesos electorales democráticos. Asimismo, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras, basándose en la Sección 212(a)(3)(C) de la INA.
Este anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación de Estados Unidos por la estabilidad política y la seguridad en la región centroamericana. La interferencia en los procesos electorales es vista por Washington como una amenaza a su seguridad nacional y a la estabilidad de la zona.
Los analistas señalan que esta medida es un claro mensaje de advertencia a las autoridades electorales hondureñas y a cualquier otro funcionario que intente obstaculizar la voluntad popular expresada en las urnas. Estados Unidos busca preservar la integridad de los procesos democráticos en la región, considerada clave para sus intereses geopolíticos.
La revocación de las visas a Morazán y Ochoa es un duro golpe para ambos funcionarios, quienes verán limitadas sus posibilidades de viajar a Estados Unidos y participar en eventos internacionales. Esta acción refleja la determinación de Washington de defender la democracia y castigar a quienes atenten contra ella, incluso en países vecinos.
