La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, Bolivia, está revisando la resolución que dispuso el cierre del caso por caza ilegal de jaguares en el país, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas omisiones y deficiencias en la investigación contra una empresa argentina acusada de organizar cacerías clandestinas.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que solicitó que los informes del caso sean remitidos a su despacho para su análisis y eventual reapertura o revocatoria, si se constatan irregularidades. Explicó que la resolución de cierre no es definitiva y que se encuentra sujeta a apelación u objeción por parte de los denunciantes.
La denuncia penal fue presentada en diciembre de 2024 y señala a la empresa Caza & Safari, cuyo propietario, el argentino Jorge Néstor Noya, es señalado como uno de los principales operadores de una red internacional de tráfico de fauna silvestre. Según la investigación, Noya habría llevado durante décadas a clientes extranjeros a cazar jaguares, una especie protegida en Bolivia, en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías.
Durante la investigación en Bolivia, la parte demandante presentó numerosas pruebas, entre ellas fotografías, testimonios y un informe oficial de la Fiscalía argentina que confirmaría la presencia de Noya en el país realizando actividades de caza ilegal. Sin embargo, en julio de este año, el proceso dejó de figurar en el sistema digital del Ministerio Público, y los denunciantes afirman que nunca fueron notificados formalmente del cierre del caso.
Mientras en Bolivia el caso fue cerrado en primera instancia, en Argentina la investigación avanzó con allanamientos, embargos y la incautación de armas de fuego y taxidermias. Según la investigación, Noya habría ingresado a Bolivia de manera irregular, incluso en avionetas sin registro migratorio, utilizando rutas cercanas a zonas controladas por redes del narcotráfico.
El fiscal Zeballos advirtió que, si se verifica negligencia, omisión o irregularidades en el proceder de los fiscales, se emitirán las advertencias correspondientes y se evaluará el inicio de procesos. Las partes notificadas tendrán un plazo de cinco días para objetar la resolución, y la Fiscalía contará con un plazo legal de diez días para definir si corresponde reabrir o revocar la causa.
"El objetivo del Ministerio Público es precautelar la biodiversidad, el ecosistema y el medio ambiente, no solo en nuestra región sino también fuera del país", concluyó el fiscal departamental.
