En un movimiento estratégico, un grupo de diputados opositores de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH) se reunieron este viernes en un hotel de la capital hondureña para aprobar un decreto político que busca "blindar el orden constitucional y garantizar la continuidad democrática" en el país.
Durante la sesión autoconvocada, los parlamentarios expresaron su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Cossette López, a quienes otorgaron un voto de confianza reconociendo su permanencia en el cargo, pese a las presiones y amenazas que enfrentan.
La diputada Maribel Espinoza señaló que este respaldo responde a la necesidad de defender la institucionalidad electoral y exhortó a las consejeras a concluir el proceso y emitir la declaratoria oficial de elecciones antes del 30 de diciembre de 2025, tal como lo establece la ley.
Asimismo, los diputados advirtieron sobre cualquier intento de alterar la alternancia en la Presidencia de la República, afirmando que este principio es innegociable dentro del sistema democrático hondureño. El anteproyecto de decreto también contempla acciones para proteger la integridad física y los derechos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia.
Durante la sesión, Espinoza anunció que el bloque opositor se declara en sesión permanente hasta el 20 de enero de 2026, cuando concluye la actual legislatura, argumentando que la coyuntura política exige una vigilancia constante del Congreso.
Finalmente, los diputados aprobaron un voto de censura contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, a quien acusaron de intentar involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos políticos, una práctica que, según ellos, vulnera la neutralidad militar y pone en riesgo la democracia.
Esta reunión y las resoluciones adoptadas por los diputados opositores se producen en un momento de tensión política en Honduras, donde se han registrado diversos cuestionamientos y denuncias relacionadas con el proceso electoral y la independencia de las instituciones democráticas. El decreto aprobado busca fortalecer la institucionalidad y garantizar la continuidad del orden constitucional en el país.
