El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se encuentra en pleno proceso de desalojo de sus oficinas centrales ubicadas en Barrio Luján, San José, debido a un riesgo estructural del edificio detectado por el Ministerio de Salud.
La orden de desalojo fue emitida el pasado 28 de noviembre de 2025 a través de la resolución MS-DRRSCS-DARSSEM-5672-2025, que obliga al PANI a evacuar el inmueble a más tardar el 28 de diciembre. Según informes técnicos, la edificación no es reparable y debe ser demolida debido a su vulnerabilidad sísmica.
Si bien la institución venía trabajando desde 2018 en un proyecto de mudanza y mejoras preventivas, el proceso se aceleró tras denuncias de funcionarios y una serie de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos. En agosto del 2025 se emitió una primera orden sanitaria que exigía un plan remedial sin ordenar el desalojo, pero una inspección integral efectuada en noviembre derivó en la orden definitiva de salida en un plazo máximo de un mes.
Ante la apremiante situación, el PANI presentó un plan remedial ajustado a 30 días naturales, pero la solicitud de ampliación del plazo fue rechazada por el Ministerio de Salud. Ahora, la institución se encuentra en pleno proceso de reubicación de sus departamentos en diversos edificios públicos mediante convenios interinstitucionales, sin implicar erogaciones económicas para el PANI.
La administración del PANI aseguró que el traslado se ejecutará de forma ordenada para no interrumpir los servicios dirigidos a personas menores de edad. Como medida operativa, se actualizaron los contratos de teletrabajo para ampliar los días de trabajo remoto, manteniendo la obligatoriedad de asistir presencialmente a reuniones convocadas. Además, la Presidencia Ejecutiva mantiene coordinaciones para suscribir nuevos convenios que permitan ampliar la presencialidad según la naturaleza de las funciones.
Este desalojo temporal de las oficinas centrales del PANI representa un desafío logístico y organizativo para la institución, pero se espera que la reubicación de sus departamentos en diferentes edificios públicos permita continuar brindando los servicios esenciales a la población infantil y adolescente del país.
