La directora del Centro Femenino de Resocialización (Cefere), Yohana Ortega, fue trasladada de su cargo mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga un inusual beneficio de trabajo comunitario otorgado a Katherine Carvallo, conocida como "La Parce", condenada por blanqueo de capitales.
El miércoles, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que Ortega fue trasladada como parte de una investigación interna a raíz de estos hechos. La Fiscalía Anticorrupción mantiene una pesquisa por la presunta comisión de actos de corrupción relacionados con el beneficio otorgado a Carvallo.
Según fuentes ligadas a la investigación, Carvallo ingresó al Cefere el 4 de septiembre de 2025 y apenas 24 días después, el 28 de septiembre, la Junta Técnica del Sistema Penitenciario emitió un visto bueno para que optara por el reemplazo de pena mediante trabajo comunitario. Este plazo resulta inusualmente corto, ya que en condiciones normales los privados de libertad deben esperar entre seis meses y un año para que una solicitud de este tipo sea evaluada y aprobada.
El beneficio fue posteriormente concedido por la jueza de cumplimiento Jenia Aguilar el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apelara la medida. Los magistrados consideraron que existían inconsistencias en la petición presentada por la defensa de Carvallo.
Carvallo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida el 29 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental, Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana.
Tras estos hechos, las autoridades del Sistema Penitenciario presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio origen a la investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que se mantiene en reserva.
La rápida concesión del beneficio de trabajo comunitario a Carvallo, condenada por lavado de activos, y las inconsistencias detectadas por el Tribunal Superior de Apelaciones, han generado serias sospechas sobre posibles actos de corrupción en el sistema penitenciario. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción buscará esclarecer las circunstancias que rodearon este inusual caso.
