En un duro golpe para la oposición venezolana, un tribunal de Caracas dictó condenas de 30 años de prisión a 23 personas acusadas de participar en el asalto armado al Fuerte Paramacay, ocurrido en 2017. La decisión judicial, informada por la ONG Foro Penal, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian la vulneración del debido proceso.
El ataque al Fuerte Paramacay, una instalación militar ubicada en el estado Carabobo, tuvo lugar en agosto de 2017, cuando un grupo de militares insurrectos sustrajeron un centenar de fusiles y varios lanzagranadas de las instalaciones. Los insurgentes huyeron escoltados por civiles, aunque dos de ellos murieron durante la operación de las fuerzas leales a Nicolás Maduro.
Según la información proporcionada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), 17 de los 23 condenados llevaban detenidos más de ocho años, mientras que otros seis enfrentaban procesos judiciales con restricciones. La JEP denunció que las sentencias se emitieron "en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso".
La organización sostiene que estos fallos forman parte de un esquema donde la estructura jurídica opera "como una fachada" y que, al vulnerar reiteradamente el debido proceso, "se rompe el pacto social básico que protege al ciudadano frente al poder del Estado, y se marca un precedente peligroso en el que la indefensión se institucionaliza".
En paralelo, la JEP también alertó sobre el "deterioro físico progresivo" y la "crítica situación de salud" de al menos 91 presos políticos en centros penitenciarios venezolanos, con casos de cáncer avanzado, insuficiencia renal y enfermedades cardíacas, asociados a la "negación sistemática de atención médica, incumplimiento de tratamientos y condiciones insalubres" en las prisiones.
El momento que atraviesa Venezuela es devastador, con la profunda crisis política, económica y social que azota al país. Estas duras sentencias contra los acusados del asalto al Fuerte Paramacay se suman a la creciente preocupación por la situación de los presos políticos y la erosión del Estado de Derecho en la nación sudamericana.
