Singapur, 19 de diciembre de 2025 - En una medida sin precedentes, el Gobierno de Singapur ha anunciado que los delitos de estafa y fraude financiero serán castigados con hasta 24 azotes, una sanción física que entrará en vigor el próximo 30 de diciembre.
Esta resolución, ratificada tras el aval del Parlamento, busca combatir el repunte de actividades ilícitas digitales y el blanqueo de capitales en la ciudad-estado, estableciendo sanciones tanto físicas como económicas más severas para los responsables y sus colaboradores.
El Ministerio del Interior detalló que la nueva legislación es una respuesta directa al desafío que suponen las estafas modernas en el ecosistema digital. Con la ratificación de esta norma, las autoridades pretenden garantizar una reducción significativa de estos delitos que afectan la estabilidad económica de los ciudadanos.
Según el comunicado oficial, el rango de la pena física variará entre los seis y los 24 azotes para quienes sean hallados culpables de ejecutar fraudes o de reclutar personas para participar en estas redes delictivas. Además, la normativa contempla sanciones específicas de 12 azotes para quienes actúen como facilitadores de la logística criminal, proporcionando tarjetas SIM o credenciales personales para el blanqueo de activos.
Esta medida apunta a desarticular la infraestructura técnica que permite el anonimato de los estafadores, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, el Parlamento también aprobó un aumento considerable en las multas económicas, buscando atacar directamente la rentabilidad de los esquemas fraudulentos.
Para el sistema judicial de Singapur, la introducción de los azotes como pena específica para el fraude marca un endurecimiento histórico en su código penal. Históricamente, el país ha utilizado el castigo corporal para delitos violentos o de vandalismo grave, pero ahora lo extiende a los delitos de cuello blanco y las estafas tecnológicas.
Según las autoridades, el uso de la fuerza física como castigo legal es una herramienta necesaria para mantener el orden social y proteger a las víctimas vulnerables de los ciberdelincuentes. La implementación de estas penas busca un efecto disuasorio inmediato, en respuesta al aumento preocupante de casos de estafa y fraude registrados durante el último año en Singapur.
