El sistema de justicia penal de República Dominicana ha sido objeto de intenso debate en los últimos años, con cuestionamientos sobre la forma en que el Ministerio Público (MP) maneja los acuerdos con los imputados. Un experto en derecho procesal penal ha analizado a fondo esta problemática, señalando que la práctica del MP de realizar acuerdos con los imputados, en muchos casos, contraviene la ley.
Según el análisis, en República Dominicana el Criterio de Oportunidad, que permite al MP negociar con los imputados, está reglado en la ley procesal penal, a diferencia de países como Estados Unidos o Brasil donde los fiscales tienen mayor discrecionalidad. Sin embargo, en la práctica, el MP dominicano continúa realizando acuerdos que están expresamente prohibidos por la ley.
El experto explica que la ley procesal penal dominicana establece supuestos en los cuales el MP no puede hacer arreglos, negociaciones o acuerdos con los imputados, salvo que sea para que se declaren culpables, devuelvan el dinero sustraído y se acojan a un juicio penal abreviado. Aun así, estos acuerdos deben ser homologados por un juez.
No obstante, en la práctica, el MP sigue haciendo acuerdos que están fuera del marco legal, lo que "encubre su ineficiencia", ya que es más fácil negociar que recabar las pruebas que acrediten la culpabilidad de los imputados en casos complejos.
Uno de los casos emblemáticos es el de SENASA, donde el experto considera que el MP ha comprometido gravemente el interés público al realizar acuerdos con los imputados, algo que la ley le prohíbe expresamente.
Asimismo, la ley también veda al MP hacer acuerdos cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo.
El experto concluye que, en República Dominicana, la justicia "camina de lado" y que el MP "camina con una soga al cuello y sólo sirve a intereses particulares", desafiando abiertamente lo establecido en la ley procesal penal.
