El Gobierno de España ha expresado su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI), calificándolas como un "nuevo ataque" a la "independencia, integridad e imparcialidad" del órgano.
En un comunicado, el Ejecutivo español ha subrayado que el TPI "desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la reparación de las víctimas". Por ello, España ha reiterado su "apoyo inequívoco" a los jueces, fiscales y personal del tribunal afectados por las decisiones de Washington.
Las sanciones estadounidenses se vinculan a las investigaciones del TPI por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Según el Gobierno de EEUU, los jueces sancionados "participaron en esfuerzos para investigar, arrestar, detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel".
Sin embargo, desde Madrid se ha defendido la necesidad de preservar la independencia del TPI y se ha confirmado que España continuará cumpliendo "de manera íntegra sus compromisos" con el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional, "respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción" del tribunal.
Este nuevo conflicto entre España y Estados Unidos en torno al TPI se enmarca en una larga disputa entre Washington y la Corte Penal Internacional. Desde su creación en 2002, EEUU se ha negado a ratificar el Estatuto de Roma y ha adoptado medidas para limitar la actuación del tribunal, al considerar que podría juzgar a sus ciudadanos.
En este contexto, el Gobierno español ha reafirmado su "plena solidaridad" con los jueces, fiscales y personal del TPI, en un claro gesto de apoyo a la independencia y la labor del organismo internacional encargado de juzgar los crímenes más graves contra la humanidad.
