La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la resolución que mantiene vigente el amparo provisional a favor de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalados en el caso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En una decisión que ha generado controversia, la Cámara reiteró que los cuatro magistrados -Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Rafael Rojas y Mynor Franco- continúan en sus cargos a pesar de enfrentar un proceso penal por el delito de fraude, relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición del sistema informático TREP utilizado en las elecciones generales de 2023.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, había apelado la decisión inicial del 27 de noviembre con el fin de revocar el amparo que permitió a los magistrados retomar sus funciones. Sin embargo, la Cámara ratificó el beneficio provisional, lo que significa que los togados seguirán al frente del TSE hasta el final de su mandato el 18 de marzo de 2026.
Este caso ha generado gran preocupación en la opinión pública, ya que los señalamientos de fraude en torno al sistema TREP, que tuvo un costo de Q148 millones, ponen en duda la integridad de los procesos electorales del país. Pese a la gravedad de los hechos, el proceso judicial aún no ha avanzado más allá de la etapa intermedia, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad del sistema de justicia.
Analistas y expertos en temas electorales han expresado su preocupación por esta decisión, argumentando que la permanencia de los magistrados acusados en sus cargos podría socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Algunos han llamado a una revisión urgente del marco legal y de los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito electoral.
A medida que se acerca el final del mandato de los actuales magistrados del TSE, la sociedad civil y los partidos políticos estarán atentos a la designación de la nueva magistratura, esperando que se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la integridad de los futuros procesos electorales.
