Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel. La medida es una respuesta a la decisión de la CPI de rechazar la apelación de Israel contra la investigación sobre presuntos crímenes en Palestina.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado que "la CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción".
Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Desde la CPI han advertido que estas sanciones son "un ataque flagrante contra la independencia" de la institución y han prometido seguir trabajando "con independencia e imparcialidad".
La decisión de sancionar a los jueces llega en un momento especialmente delicado, con la CPI manteniendo vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant, por presuntos crímenes en Palestina. También ha emitido órdenes contra los líderes de Hamás, pero todos ellos han sido asesinados por tropas israelíes.
Las sanciones anteriores impuestas por el Gobierno de Donald Trump a tres fiscales y seis jueces de la CPI ya demostraron tener un fuerte impacto en la vida de los funcionarios afectados.
Desde Países Bajos, sede de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, el ministro de Asuntos Exteriores, David van Weel, ha declarado que "los tribunales y cortes internacionales deben poder ejercer sus mandatos sin trabas" y ha reiterado el apoyo de su país a la CPI y a su personal.
La decisión de Estados Unidos de sancionar a los jueces de la CPI por investigar a Israel por presuntos crímenes en Palestina ha generado una fuerte reacción internacional. La CPI ha denunciado que se trata de "un ataque flagrante contra la independencia" de la institución, mientras que Países Bajos, sede de la corte, ha reafirmado su apoyo a la misma y a su personal. Esta medida se enmarca en la tensión entre Estados Unidos e Israel, por un lado, y la CPI, por el otro, en torno a la investigación sobre los presuntos crímenes cometidos en el conflicto palestino-israelí.
