A medida que se celebra el Día Internacional del Migrante este 18 de diciembre, los ciudadanos venezolanos desplazados enfrentan cada vez más obstáculos para ingresar o residir en países de América Latina. Tanto Perú como Chile han endurecido sus políticas migratorias, dificultando aún más la situación de los migrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país.
En Perú, el presidente José Jerí declaró el estado de emergencia en la frontera sur con el objetivo de reforzar los controles y evitar el ingreso de migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos. Asimismo, anunció que una comisión binacional con Chile evaluará casos puntuales para otorgar pases humanitarios, pero la regla general será que quienes no cuenten con documentación no podrán ingresar.
Por su parte, el nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, ha anunciado que impulsará la creación de un "corredor humanitario" para facilitar la deportación de migrantes en situación irregular, incluyendo a los venezolanos. Kast, como candidato, ofreció un control más riguroso de la inmigración irregular, con propuestas para expulsar a migrantes que no cumplan los requisitos legales y reforzar la seguridad en las fronteras.
Según la activista venezolana María Isabel Rodríguez, residente en Cuenca, Ecuador, desde hace casi cinco años, "Tanto Perú como Chile son parte de una corriente de gobiernos de la región que buscan controlar los flujos migratorios, especialmente de quienes migran en grandes cantidades, como los venezolanos".
Esta tendencia se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en la región, incluyendo en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Según el abogado e investigador en temas migratorios Carlos Cordero, durante ese período, los migrantes venezolanos enfrentaron un endurecimiento de la política migratoria estadounidense, como la negativa a otorgar un Estatus de Protección Temporal (TPS) pese a la crisis en Venezuela.
Cordero también señala que el Gobierno de Trump impulsó acuerdos regionales y políticas de contención migratoria que afectaron de manera indirecta a los venezolanos, especialmente a quienes se encontraban en tránsito, limitando sus posibilidades de solicitar asilo y exponiéndolos a retornos forzados o a permanecer varados en países de paso.
Organizaciones que apoyan a los migrantes venezolanos esperan que los gobiernos de la región incorporen enfoques humanitarios en sus políticas migratorias y recuerdan que, más allá del control fronterizo, se trata de personas que buscan protección, trabajo y condiciones dignas para reconstruir sus vidas.
