El Gobierno español no ha enviado a tiempo los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que tratan sobre las especies incluidas en dicha normativa, entre ellas el lobo. Según ha confirmado el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, las autoridades españolas han explicado que "es necesario revisar algunos datos" antes de presentar los informes.
España debía enviar estos informes antes del 31 de julio, tal y como establece la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet). Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) explicaron a principios de agosto que habían solicitado una ampliación del plazo de entrega.
La Comisión Europea informó a los Estados miembros a principios de junio que aceptaría pequeños retrasos en la presentación de los datos más allá de la fecha límite debido a dificultades técnicas con el nuevo sistema de informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Si el texto remitido por España a la UE indica que la conservación del lobo está en situación desfavorable, no se podrán hacer "controles letales" de la especie, según asegura el MITECO. Esto se debe a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del mismo.
La Ley de Desperdicio Alimentario aprobada el año pasado indica que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente tendrá que dar su visto bueno a los informes sexenales sobre especies protegidas, como el lobo, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta disposición ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo en un recurso de inconstitucionalidad.
El retraso en la presentación de los informes y la posible catalogación del lobo como especie en estado desfavorable en España tendrán implicaciones directas en la gestión y protección de este cánido en el país. Expertos y organizaciones ecologistas estarán atentos a los próximos pasos que dé el Gobierno español en este asunto.
