El debate sobre el salario mínimo en Panamá se ha convertido en una confrontación recurrente entre sindicatos y empresarios, con el Estado actuando como un árbitro tímido. Sin embargo, el verdadero problema que subyace en esta discusión no se encuentra en la productividad de los trabajadores o la avaricia de los empresarios, sino en la ineficiencia sistémica de la ciudad en la que habitan.
Según el análisis del experto en urbanismo, el verdadero "depredador" del ingreso familiar y la competitividad empresarial en Panamá es la ineficiencia de la ciudad metropolitana. Los altos costos ocultos que los ciudadanos y empresas deben asumir para compensar la falta de servicios públicos de calidad, como educación, salud y seguridad, terminan mermando drásticamente el ingreso disponible de los trabajadores.
Además, la escasez de vivienda accesible en el centro de la ciudad, debido a la falta de regulación y planificación urbana, obliga a los trabajadores a vivir en la periferia, lo que se traduce en largas horas de desplazamiento y desgaste físico y mental. Esta "fricción urbana" tiene un impacto directo en la productividad de los empleados, a pesar de que no se refleje en los balances contables.
El autor sostiene que la solución pasa por un nuevo pacto social, donde el Estado garantice infraestructura y convivencia antes de exigir mayores salarios. Una ciudad con servicios públicos eficientes, transporte masivo adecuado y espacios seguros permitiría que el salario actual rindiera mucho más, aliviando la presión sobre empresas y trabajadores.
Mientras se siga debatiendo sobre la avaricia empresarial o la incompetencia laboral, se estará ignorando que el verdadero obstáculo es el costo de una ciudad que no funciona. Para lograr un Panamá más justo, es necesario construir primero un Panamá ordenado.
