El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus políticas migratorias bajo el mandato del presidente Donald Trump, trasladando a un grupo de 22 migrantes cubanos a la base naval de Guantánamo, en Cuba, como parte de los esfuerzos por deportar a los extranjeros que ingresan al país de manera ilegal.
Según confirmaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a la agencia Europa Press, este nuevo grupo de migrantes se suma a cerca de 730 personas, principalmente de países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala y Venezuela, que ya han sido llevados a Guantánamo en el marco de esta política migratoria endurecida.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, advirtió que los migrantes ilegales "podrían terminar en la bahía de Guantánamo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) o 'Alligator Alcatraz'", en referencia a la base militar estadounidense, un centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador y un centro de detención para migrantes en Florida.
McLaughlin señaló que algunos de los migrantes trasladados a Guantánamo tienen "historiales criminales de homicidio, secuestro, agresión, asalto, obstrucción y crueldad hacia niños", justificando así el endurecimiento de las medidas.
Si bien un juez federal estadounidense cuestionó a principios de diciembre que la Administración Trump se esté excediendo en sus competencias al retener a migrantes en Guantánamo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no ha recibido la orden de cerrar este centro de detención para estas personas.
El Gobierno de Estados Unidos ha defendido estas políticas migratorias como una forma de lidiar con la crisis en la frontera sur del país, donde han ingresado miles de migrantes de manera irregular en los últimos años. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado duramente el uso de Guantánamo para estos fines, considerándolo una violación de los derechos de los migrantes.
