El Gobierno nacional está ejerciendo una fuerte presión sobre un grupo de gobernadores aliados para que acompañen la derogación de leyes sobre temas sensibles, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, a cambio de asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso.
Esta maniobra oficialista ha colocado a media docena de mandatarios provinciales en una situación incómoda, ya que las leyes en cuestión fueron aprobadas este año por las legislaturas de sus propias provincias, en contraposición a los intereses del Gobierno central.
La estrategia del Ejecutivo se enmarca en un amplio operativo de negociación con los gobernadores, liderado por el vicejefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de garantizar los votos necesarios para la sanción del Presupuesto en la Cámara de Diputados.
Como parte de estas tratativas, el Gobierno habría prometido el envío de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, así como partidas extra para las universidades y un recálculo de subsidios en el área de discapacidad. Sin embargo, estos ofrecimientos no parecen haber convencido plenamente a los mandatarios provinciales, quienes mantienen recelos por incumplimientos previos y por el papel que jugaría el exministro Luis Caputo en estas negociaciones.
Pese a estas tensiones, el Gobierno logró avanzar con el dictamen favorable del Presupuesto en la comisión de Diputados, aunque con algunas disidencias. La prueba definitiva será este miércoles, cuando se trate el proyecto en el recinto.
Más allá del Presupuesto, otro foco de atención es la reforma laboral, cuyo tratamiento en el Senado también está en la mira. La intención del oficialismo es que el proyecto obtenga dictamen este viernes y sea votado junto con el Presupuesto, antes de Navidad. Sin embargo, expertos advierten sobre posibles riesgos de judicialización de algunos puntos de la iniciativa.
