Una banda criminal logró apropiarse de más de 1.600 millones de pesos a través de una sofisticada red de estafas que involucraba la suplantación de identidad de empresas, la apertura de cuentas bancarias fraudulentas y la conversión del dinero robado a criptomonedas.
La investigación, liderada por el fiscal de ciberdelitos de Pergamino, Nelson Mastorchio, reveló que los delincuentes utilizaron la capacidad crediticia de al menos tres firmas del sector agropecuario para extraer fondos de los bancos a su nombre y luego hacerlos desaparecer a través de múltiples transacciones y la adquisición de activos virtuales.
Todo comenzó con la detección de un cheque de 49 millones de pesos emitido a nombre de una importante semillera de Pergamino, que no había sido autorizado por la empresa. Esta alerta inicial desencadenó una exhaustiva pesquisa que terminó desarticulando una compleja trama delictiva.
Según las fuentes del caso, los seis implicados fueron indagados y, si bien alegaron su inocencia, las evidencias recolectadas por los investigadores los comprometen seriamente. Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la banda, de 38 años, quien maneja una financiera en Rosario.
Uno de los modus operandi utilizados por la organización criminal fue la apertura de cuentas bancarias a nombre de las empresas víctimas, para lo cual usaban documentación falsa. Luego, procedían a transferir grandes sumas de dinero, como los 968 millones de pesos sustraídos de la semillera de Pergamino.
El siguiente paso era convertir esos fondos robados en criptomonedas, lo que les permitía ocultar el rastro del dinero y dificultar su rastreo por parte de las autoridades. Según los investigadores, el detenido que tiene la financiera en Rosario fue el encargado de recibir y blanquear la mitad de esos casi mil millones de pesos a través de activos virtuales.
Además de la semillera de Pergamino, la banda también habría estafado a una empresa de Azul y otra de la Ciudad de Buenos Aires, sustrayendo alrededor de 600 millones de pesos más. Todas estas firmas tenían vínculos con el sector agropecuario.
Como resultado de la investigación, la Policía Federal realizó ocho allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, logrando la detención de cuatro de los sospechosos, mientras que otros dos quedaron imputados pero en libertad. Los detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, uso de documento falso y estafas.
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de las redes delictivas que operan en el ámbito financiero y cibernético, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección de este tipo de delitos.
