La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga los movimientos de una sociedad anónima que asumió los contratos de alquiler de tres arrendantes en el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), lo que habría permitido que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) adquiriera el inmueble por $70 millones, pese a que su valor real era mucho menor.
La investigación reveló que la empresa Aguram Ltda. asumió la responsabilidad de esos pagos, pese a que mantenía una morosidad superior a $11 millones con el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) y el Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI), ambos subsidiarios de BCR SAFI.
Posteriormente, Aguram ofreció un cambio de garantías para figurar como arrendante principal en representación de esas compañías, solicitud que la SAFI avaló pese a la morosidad existente. La Fiscalía determinó que el objetivo del acuerdo era sustituir las letras de cambio utilizadas para el pago de los alquileres y poner a responder una propiedad.
Según la investigación, cuando la SAFI compró el PEP, la negociación contempló un pago inicial de $42,8 millones. El saldo se cubrió con la entrega de tres inmuebles del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, valorados en $15.488.000. Además, la SAFI retuvo $8,8 millones por obras pendientes en las edificaciones del parque.
A criterio de la Fiscalía, "mediante la ejecución de todos estos actos de comercio se produjo un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés público al pagarse un precio superior al valor real del inmueble objeto de la negociación".
Posteriormente, la SAFI tuvo que asumir millonarios montos por ampliaciones, reparaciones y subsanar aspectos impuestos por autoridades como el Cuerpo de Bomberos, ante la ausencia de elementos básicos para cumplir con el plan contra incendios.
La investigación también reveló que, en enero de 2021, sin que hubiera transcurrido un año desde la compra del PEP, funcionarios de BCR SAFI detectaron un aumento en el indicador de morosidad del parque, así como obras en proceso de construcción sin autorización y la aparente inexistencia de los predios.
