Las recientes elecciones primarias en Perú han dejado importantes lecciones sobre el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los procesos electorales por parte de los partidos políticos.
Luego de la derogación de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), los partidos peruanos pudieron elegir entre tres modalidades: primarias abiertas, primarias cerradas y primarias indirectas por delegados. Ningún partido optó por las primarias abiertas, solo dos tuvieron primarias cerradas, y la gran mayoría (37 partidos) decidió ir por la vía de los delegados.
Esta predominancia de las primarias por delegados es un aspecto relevante a analizar. En total, se eligieron más de 1,200 delegados el 30 de noviembre, de los cuales 1,015 votaron el 7 de diciembre para definir a sus candidatos presidenciales. En promedio, solo 27 militantes delegados eligieron a las autoridades en cada partido, lo que evidencia una baja competencia interna. De hecho, en 30 de los 39 partidos se presentó una sola fórmula de precandidatos.
Dos incidencias destacaron en este proceso. Por un lado, se produjo un empate entre las fórmulas presidenciales del partido Salvemos al Perú, que se resolvió mediante el lanzamiento de una moneda. Por otro lado, hubo una denuncia de fraude por suplantación de delegados en Acción Popular, que llevó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a declarar nulas las primarias de ese partido.
Estos hechos dejan importantes lecciones. En primer lugar, los entes electorales deben mantener la consistencia y rigurosidad de su labor a lo largo de toda la campaña, como bien lo han demostrado en este proceso. Y en segundo lugar, los partidos políticos deben respetar las decisiones y resultados electorales, como se ha visto en el ejemplo reciente de Chile.
Sin una madurez democrática y respeto por la institucionalidad por parte de la clase política peruana, será difícil que la ciudadanía recupere la confianza en quienes aspiran a gobernarlos en los próximos cinco años. Es fundamental que los partidos fortalezcan sus procesos internos y que los entes electorales ejerzan su labor con total independencia y transparencia.
