Bolivia ha dado un giro inesperado en su política hacia las criptomonedas, pasando de una prohibición total a un modelo de "apertura controlada". Después de años de mantener una postura estricta contra el uso de activos digitales, el país ahora permite operaciones entre particulares y habilita los primeros lineamientos para instituciones públicas, fintech y futuros proveedores de servicios con criptoactivos.
Este cambio de paradigma responde a una combinación de factores, entre ellos las necesidades macroeconómicas, la presión y recomendaciones internacionales sobre la incorporación de estos activos digitales en el mercado regulatorio formal, y la creciente adopción ciudadana como mecanismo de refugio y estabilidad ante la crisis cambiaria.
Tras la derogación de la última prohibición vigente, el Gobierno boliviano comenzó a estructurar un marco normativo más amplio para ordenar la actividad. Durante 2025 se aprobaron varios Decretos Supremos que definen en qué condiciones pueden interactuar instituciones públicas con activos virtuales, estableciendo una estrategia de adopción gradual que combina experimentación, supervisión y obligaciones específicas para ciertos actores del sistema financiero.
Uno de los pilares de este nuevo marco regulatorio es el Decreto Supremo 4904, que asignó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) nuevas facultades para supervisar actividades relacionadas con activos virtuales dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Además, el Ministerio de Economía y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) avanzaron en el diseño de un sistema de licenciamiento para fintech y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), con el objetivo de definir qué compañías pueden ofrecer servicios financieros basados en innovación tecnológica y bajo qué condiciones podrán funcionar dentro del sistema regulado.
Si bien el nuevo marco legal aún tiene áreas clave sin definir, como la regulación específica de los PSAV o la integración de los activos virtuales en el sistema financiero tradicional, Bolivia ha dado un paso significativo en la dirección de una apertura controlada y regulada de las criptomonedas.
Este giro inesperado pone a Bolivia en la vanguardia de los países que están adoptando un enfoque más pragmático y flexible hacia las criptomonedas, buscando aprovechar los beneficios de la innovación financiera sin perder el control sobre los flujos monetarios. El desafío ahora será construir una regulación técnica, ágil y lo suficientemente clara para evitar riesgos sin frenar la adopción y la inversión en este sector emergente.
