Investigación revela presunto desvío de miles de millones en institución clave para la salud pública
Santo Domingo, República Dominicana. Un escándalo de corrupción a gran escala en el sistema de salud dominicano ha sacudido al país, generando indignación y un clamor por justicia. Según una investigación del Ministerio Público, la institución encargada de administrar el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) habría sido víctima de un presunto desfalco de miles de millones de pesos.
Los detalles revelan un contraste desgarrador entre la supuesta malversación de fondos y el sufrimiento de pacientes que luchan por acceder a los servicios básicos de salud. Mientras algunos se habrían enriquecido a costa del sistema, madres desesperadas relatan cómo enfrentan interminables trámites burocráticos y negativas para obtener atención médica urgente para sus hijos.
"Mientras una madre persigue una firma para sostener una vida, el país se entera de que la institución llamada a protegerla pudo haber sido saqueada desde adentro", denunció un editorial publicado en un medio local. La indignación ciudadana se hizo sentir con manifestaciones frente al Palacio de Justicia, exigiendo que se haga justicia y se recupere el dinero robado.
Las autoridades han respondido con la detención de varios imputados, incluyendo a Santiago Hazim, y la imposición de medidas cautelares como prisión preventiva y arresto domiciliario. Sin embargo, los analistas advierten que esto es solo un paso inicial, y que la verdadera prueba será llevar a los responsables ante la justicia y asegurar la devolución de los fondos desviados.
"La gran trampa es confundir movimiento con justicia. En una emergencia, nadie se tranquiliza porque le digan 'ya abrimos un expediente'. Nadie recupera a un ser querido con una rueda de prensa", señaló un editorial.
Para recuperar la confianza de la ciudadanía, se exige que el gobierno implemente un plan de acción transparente y auditable, que incluya un tablero público de consecuencias, trazabilidad de los procesos judiciales y un blindaje institucional real que proteja a los denunciantes. Solo así, dicen los analistas, se podrá demostrar que la lucha contra la corrupción va más allá de los discursos y se traduce en resultados tangibles.
