La exclusión de organizaciones políticas del proceso electoral por razones de procedimiento administrativo es una consecuencia previsible y que responde a una línea normativa impulsada desde el Jurado Nacional de Elecciones y respaldada sin reparos por el Congreso.
Lo que hoy se denuncia como arbitrariedad del Jurado Nacional de Elecciones es, en realidad, el efecto de reglas y criterios que fueron avalados en su momento cuando resultaban funcionales al poder político, incluyendo a la bancada de Acción Popular, que forma parte del pacto parlamentario autoritario.
Hace unos meses fue el partido Unión Popular de Duberlí Rodríguez el que quedó excluido, y hoy es el turno de Acción Popular. En ambos casos, la participación política queda anulada no por una proscripción abierta, sino por la aplicación estricta de procedimientos administrativos y plazos rígidos.
Un ejercicio de memoria simple permite recordar que el Congreso no solo aprobó estas medidas sin reparo, sino que hizo suya esa orientación, sin un debate de fondo sobre sus consecuencias democráticas. Incluso presionaron al Tribunal Constitucional para que la defienda.
Esta concepción formalista del derecho electoral hace que el procedimiento esté por encima del derecho político de representación. Lo que el parlamento validó entonces era la utilidad de la norma para ordenar el sistema de partidos, sin una reflexión sobre sus implicaciones para la democracia.
Es por eso que la indignación de algunos congresistas frente a la exclusión de Acción Popular es contradictoria. Quienes avalaron esas reformas ahora denuncian vulneración del debido proceso, pero el mismo que relativizaron cuando la severidad procedimental se aplicó contra otros actores políticos.
No se trata de exculpar a los partidos de sus responsabilidades internas ni de sostener que toda decisión del árbitro electoral sea incuestionable. Se trata de advertir que las decisiones legislativas sin una mirada de Estado sientan precedentes que pueden ir en desmedro incluso de quienes pueden obtener beneficios en corto plazo.
Es fundamental reafirmar que las reglas electorales existen en democracias para garantizar derechos, no para vaciarlos de contenido. El Parlamento es víctima de las consecuencias de haber respaldado una orientación sin medir sus efectos sobre la representación política. El búmeran electoral ya está en vuelo, y esta vez no distingue entre adversarios y aliados. Solo confirma que cuando se apoyan reglas sin principios, tarde o temprano terminan volviéndose contra quienes las avalaron.
