La Justicia de Perú ha condenado a 17 años de cárcel a tres policías que han sido hallados culpables de violar a una mujer transgénero en una comisaría, un delito que se remonta al año 2008 y que incluyó actos de tortura.
El caso, que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha llevado finalmente a la Justicia peruana a imponer esta amplia pena contra los agentes, identificados como Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero.
Todos ellos han sido condenados por "los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en perjuicio de la mujer, perteneciente a la comunidad LGTBI", según informó el Poder Judicial peruano.
La mujer fue detenida en 2008 por los tres policías cuando se encontraba en la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad, en el norte del país, y sometida a torturas y abusos sexuales. Este caso llevó a la Corte IDH a emitir la primera sentencia a favor de una persona de la comunidad LGTBI en Perú.
En abril de 2020, la Corte IDH falló a favor de la víctima, ordenando al Estado peruano indemnizar a la demandante y a iniciar un proceso penal contra los supuestos responsables de los delitos cometidos.
La condena de 17 años de prisión impuesta por la Justicia peruana a los tres policías es una señal importante de que los crímenes contra la comunidad LGTBI no serán tolerados y de que el sistema de justicia está dispuesto a hacer rendir cuentas a los perpetradores, incluso cuando se trata de miembros de las fuerzas del orden.
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan las personas transgénero en Perú y la necesidad urgente de implementar políticas y programas que garanticen su seguridad y protejan sus derechos fundamentales. Asimismo, evidencia la importancia de que los organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte IDH, puedan intervenir en casos de violaciones graves para asegurar que se haga justicia.
La sentencia de 17 años de cárcel es un paso importante, pero queda mucho trabajo por hacer para erradicar la discriminación y la violencia contra la comunidad LGTBI en Perú y en toda la región. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la igualdad y la no discriminación, y para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, sean tratados con dignidad y respeto.
