Australia, un país que tradicionalmente se ha caracterizado por su defensa de las libertades individuales, ha dado un giro inesperado al prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Esta medida, impulsada por el gobierno federal, ha desatado un acalorado debate sobre los límites del poder estatal y los derechos de los padres en la crianza de sus hijos.
La nueva normativa, que entrará en vigor en 2026, establece que los menores de 16 años no podrán acceder a ninguna red social sin el consentimiento expreso de sus progenitores. La justificación esgrimida por las autoridades se basa en supuestos beneficios psicológicos y pedagógicos para los jóvenes, quienes, según afirman, estarían mejor protegidos de los peligros de Internet.
Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con fuertes críticas por parte de sectores de la sociedad australiana, que consideran que el Estado se está extralimitando en sus funciones y usurpando el papel de los padres como principales responsables de la educación de sus hijos.
"Es profundamente vergonzoso que sea una entidad pública la que decida qué videos pueden ver mis hijos, cómo deben usar sus redes sociales o qué pueden hacer con su cuerpo sin que yo pueda siquiera opinar", señala uno de los articulistas más contundentes en su análisis de la medida.
Desde la perspectiva de los detractores, esta prohibición representa un peligroso precedente en el que el gobierno se arroga el derecho de sustituir a los padres en decisiones morales fundamentales, relegándolos a un papel secundario en la crianza de sus hijos.
"Los padres también han hecho su parte. Cada vez más cómodos en el espacio de la responsabilidad delegada, prefieren que sean los colegios, las iglesias o el Estado quienes eduquen a sus hijos. A ser posible, gratis. Porque educar es un 'derecho', pero ejercerlo como deber ya no resulta tan atractivo", apunta otro de los artículos que abordan esta polémica.
En el otro extremo, los defensores de la medida argumentan que el Estado tiene la obligación de proteger a los menores de los riesgos inherentes a las redes sociales, como el acoso, la desinformación y la exposición a contenidos inapropiados. Desde esta perspectiva, la prohibición sería una medida necesaria para salvaguardar el bienestar de los jóvenes.
Sin embargo, incluso entre quienes apoyan la iniciativa, existe preocupación por el alcance de la misma y la posibilidad de que se convierta en un precedente para futuras intromisiones del Estado en la esfera familiar.
A medida que el debate se intensifica, expertos en derecho, psicología y educación han sido convocados para analizar las implicaciones de esta medida y buscar un equilibrio entre los derechos de los padres y la responsabilidad del Estado de proteger a los menores.
La decisión del gobierno australiano ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿hasta dónde debe llegar la injerencia del Estado en la crianza de los hijos? La respuesta a esta pregunta tendrá importantes repercusiones, no solo en Australia, sino en todo el mundo.
